En Guatemala, menos del 40 % de las municipalidades publica de forma sistemática su ejecución presupuestaria en formatos accesibles y reutilizables, según reportes institucionales y evaluaciones de sociedad civil. En departamentos fronterizos y de alta movilidad económica como San Marcos, esta opacidad se traduce en baja confianza ciudadana, débil fiscalización y menor atractivo para inversión responsable. Municipios estratégicos como Ayutla (Tecún Umán), Malacatán, San Pedro Sacatepéquez y la cabecera departamental concentran flujos comerciales, recursos públicos significativos y proyectos de infraestructura, pero también enfrentan percepciones de discrecionalidad en el gasto.
El paradigma contemporáneo de gobernanza pública ha demostrado que la transparencia digital y los datos abiertos no solo previenen la corrupción, sino que mejoran la eficiencia administrativa y fortalecen la legitimidad institucional. En este contexto, el Programa de Transparencia Digital y Datos Abiertos Municipales se configura como una herramienta clave para reordenar la relación entre Estado local y ciudadanía. La reflexión académica que sigue recoge la visión del escritor y educador Douglas Rivero Mérida, Diputado por el distrito de San Marcos en la IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala, sobre cómo la jurisprudencia, las leyes vigentes y las iniciativas legislativas permiten articular este programa desde el ámbito nacional hacia el territorio.
Entrevista en Exclusiva
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida, Escritor y Educador.
Desarrollo de Entrevista
Pregunta 1. ¿Por qué la transparencia digital municipal es hoy una prioridad legislativa?
Respuesta. Porque el acceso a la información pública es un derecho y una condición para el desarrollo institucional. Cuando un municipio publica su ejecución presupuestaria, contratos y avances de proyectos, no solo cumple la ley, sino que reduce incertidumbre, mejora la toma de decisiones y fortalece la confianza ciudadana. La opacidad tiene costos económicos y sociales medibles.
Pregunta 2. ¿Qué marco jurídico respalda esta obligación?
Respuesta. La Constitución, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica del Presupuesto y el Reglamento Interior del Congreso establecen principios claros de publicidad, legalidad y rendición de cuentas. Además, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la información sobre uso de recursos públicos es de interés colectivo y no puede reservarse arbitrariamente.
Pregunta 3. ¿Cómo se traduce esto en iniciativas legislativas concretas?
Respuesta. Varias iniciativas fortalecen el ecosistema de transparencia. Las reformas a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística modernizan la producción de datos; la Ley de Protección de Datos Personales ordena el tratamiento responsable de la información; y las reformas a instituciones clave incorporan criterios de control y trazabilidad. El objetivo es coherencia normativa para datos abiertos confiables.
Pregunta 4. ¿Qué rol juegan los municipios priorizados de San Marcos?
Respuesta. Ayutla (Tecún Umán) y Malacatán son nodos comerciales fronterizos; San Pedro Sacatepéquez y la cabecera departamental concentran servicios y administración. Implementar transparencia digital en estos municipios genera efectos demostrativos: eleva estándares regionales y crea presión positiva para que otros municipios adopten prácticas similares.
Pregunta 5. ¿Qué datos deben publicarse prioritariamente?
Respuesta. Ejecución presupuestaria mensual, contrataciones, avances físicos y financieros de proyectos, y transferencias intergubernamentales. Estos datos deben publicarse en formatos abiertos, con series históricas y lenguaje claro. La transparencia formal sin usabilidad no produce impacto real.
Pregunta 6. ¿Cómo se involucran otros sectores?
Respuesta. La academia aporta metodologías de análisis; el sector privado evalúa riesgos y oportunidades; organizaciones sociales ejercen control ciudadano; y los medios amplifican información relevante. La transparencia digital es un ecosistema, no una acción aislada.
Pregunta 7. ¿Qué desafíos identifica para su implementación?
Respuesta. Brechas tecnológicas, resistencia cultural y limitaciones técnicas locales. Por eso es clave acompañar con capacitación, lineamientos nacionales y plataformas compartidas que reduzcan costos para las municipalidades.
Pregunta 8. ¿Cómo se evita el uso político de la información?
Respuesta. Con reglas claras, estándares técnicos y supervisión independiente. La información debe publicarse de forma automática y periódica, no selectiva. La institucionalización protege el proceso de coyunturas políticas.
Pregunta 9. ¿Qué impacto espera a mediano plazo?
Respuesta. Mejora en la eficiencia del gasto, reducción de discrecionalidad, mayor participación ciudadana informada y un entorno más atractivo para cooperación e inversión internacional. La transparencia bien implementada genera valor público.
Conclusión
El Programa de Transparencia Digital y Datos Abiertos Municipales representa un cambio estructural en la gestión pública local de San Marcos. Más allá del cumplimiento normativo, se trata de redefinir la relación entre poder público, ciudadanía y territorio mediante información verificable y accesible. La visión legislativa de Douglas Rivero Mérida subraya que el marco jurídico guatemalteco es suficiente para avanzar; el reto es articularlo con voluntad política, capacidades técnicas y participación multisectorial. En municipios estratégicos, la transparencia digital puede convertirse en el principal catalizador de confianza, eficiencia y desarrollo territorial sostenible.
Referencias APA
- Banco Mundial. (2021). Enhancing government transparency.
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Ley Orgánica del Presupuesto.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores municipales.
- Transparencia Internacional. (2020). Open data and local governance.