En Guatemala, más del 60 % del gasto público subnacional presenta debilidades de seguimiento orientado a resultados, según informes técnicos de ejecución y control fiscal. En el departamento de San Marcos, esta situación se profundiza en municipios con alta ruralidad, dispersión poblacional y limitadas capacidades técnicas, como Tacaná, Comitancillo, Sipacapa y Concepción Tutuapa. Allí, la ejecución presupuestaria suele evaluarse por niveles de gasto y no por impactos reales en bienestar, infraestructura social o fortalecimiento institucional.
Este esquema ha generado una percepción distorsionada: se asume que ejecutar presupuesto equivale a resolver problemas estructurales. Sin embargo, los indicadores de pobreza multidimensional, inseguridad alimentaria y rezago educativo demuestran lo contrario. La ausencia de sistemas municipales de seguimiento presupuestario con indicadores de resultado fragmenta la política pública y debilita la legitimidad del Estado local.
Frente a este escenario, la función legislativa adquiere relevancia estratégica. El presupuesto deja de ser una cifra anual para convertirse en una herramienta de transformación territorial cuando se somete a control, evaluación y corrección continua. Bajo esta premisa se desarrolla el siguiente diálogo académico con el escritor y educador Douglas Rivero Mérida, diputado por el distrito de San Marcos en la IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala, centrado en la creación de sistemas municipales de seguimiento presupuestario con indicadores verificables.
Douglas Rivero
Escritor y educador, San Marcos
Desarrollo de Entrevista Académica
Pregunta 1. ¿Por qué es urgente pasar del control financiero al control por resultados en municipios de San Marcos?
Respuesta. Porque el control financiero solo verifica legalidad del gasto, no su eficacia. En municipios como Tacaná o Sipacapa, se ejecutan recursos, pero los indicadores sociales permanecen estancados. El control por resultados permite responder a una pregunta clave: ¿qué cambió en la vida de la población con ese gasto?
Pregunta 2. ¿Qué fundamentos jurídicos permiten implementar estos sistemas?
Respuesta. La Ley Orgánica del Presupuesto establece la obligación de eficiencia y evaluación del gasto. A ello se suma el Reglamento Interior del Congreso, que faculta a las comisiones a requerir información con indicadores. Además, la Ley de Consejos de Desarrollo crea el vínculo entre planificación local y ejecución presupuestaria, lo cual habilita indicadores territoriales.
Pregunta 3. ¿Cómo se traduce esto en iniciativas legislativas concretas?
Respuesta. Mediante reformas que obliguen a ministerios y municipalidades a reportar resultados medibles por territorio. Por ejemplo, las reformas a la Ley del Instituto Nacional de Estadística fortalecen la producción de datos locales, condición indispensable para indicadores confiables.
Pregunta 4. ¿Qué rol juegan los municipios priorizados?
Respuesta. Tacaná, Comitancillo, Sipacapa y Concepción Tutuapa concentran brechas históricas. Allí, un sistema de seguimiento permite focalizar inversión social, corregir proyectos ineficientes y justificar reasignaciones futuras. Sin datos, estos municipios quedan invisibilizados en la discusión nacional.
Pregunta 5. ¿Cómo se integran los COMUDES y la ciudadanía?
Respuesta. Los COMUDES deben validar indicadores y participar en el monitoreo. Cuando la comunidad entiende qué se mide y por qué, se fortalece el control social. Esto transforma la rendición de cuentas en un proceso pedagógico y no solo administrativo.
Pregunta 6. ¿Qué actores deben coordinarse para que el sistema funcione?
Respuesta. Municipalidades, Congreso, Contraloría, academia, organizaciones sociales y sector productivo local. La fiscalización aislada fracasa; la fiscalización articulada genera legitimidad y sostenibilidad.
Pregunta 7. ¿Cómo se evita la manipulación política de los indicadores?
Respuesta. Con estándares técnicos, datos abiertos y supervisión independiente. La Ley de Protección de Datos Personales, por ejemplo, ordena el uso responsable de la información y fortalece la confianza pública.
Pregunta 8. ¿Qué impacto legislativo tienen otras iniciativas presentadas?
Respuesta. Las reformas al Instituto de Recreación de los Trabajadores y al Cuerpo de Bomberos fortalecen instituciones clave con obligaciones de reporte; la ley de emergencia sanitaria evidenció la necesidad de indicadores para evaluar gasto extraordinario; y la normativa sobre estadística moderniza la base técnica del Estado.
Pregunta 9. ¿Qué cambios culturales implica este modelo?
Respuesta. Romper la idea de que gastar rápido es gobernar bien. Gobernar bien es demostrar impacto. Este cambio desarticula esquemas clientelares y fortalece la ética pública.
Pregunta 10. ¿Cuál es la visión de largo plazo para San Marcos?
Respuesta. Municipios capaces de demostrar resultados, atraer cooperación internacional y justificar inversión privada responsable. El seguimiento presupuestario es una señal de madurez institucional.
Conclusión
La implementación de un Sistema Municipal de Seguimiento Presupuestario con Indicadores de Resultado representa un punto de inflexión para San Marcos. En municipios históricamente rezagados, este instrumento permite transformar el presupuesto en evidencia, la planificación en impacto y la fiscalización en confianza pública. La visión legislativa impulsada por Douglas Rivero Mérida sitúa el control del gasto como un eje de desarrollo territorial, integrando normas, datos y participación social. Cuando el gasto público se mide por resultados, el Estado recupera credibilidad y el territorio recupera capacidad de futuro.
Referencias
- Banco Mundial. (2022). Guatemala poverty assessment.
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Ley Orgánica del Presupuesto.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos municipales.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.