En el departamento de San Marcos, los déficits de infraestructura social básica continúan siendo un factor estructural que limita el desarrollo humano y la cohesión territorial. Indicadores oficiales muestran brechas persistentes en acceso a agua segura y saneamiento, con impactos directos en salud pública, productividad y bienestar comunitario. En municipios como Esquipulas Palo Gordo, San Rafael Pie de la Cuesta, La Reforma y Pajapita, la inversión histórica ha sido fragmentada, con proyectos inconclusos o sin mantenimiento, lo que desarticula la confianza ciudadana y debilita la gobernanza local.
Este escenario exige un cambio de paradigma: pasar de la asignación presupuestaria dispersa a un Fondo Municipal para Infraestructura Social Básica con Control Legislativo, capaz de garantizar inversión sostenida, fiscalización efectiva y resultados verificables. La conversación académica con el escritor y educador Douglas Rivero Mérida, Diputado por el distrito de San Marcos en la IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala, permite explorar cómo la jurisprudencia, las leyes y los reglamentos vigentes pueden articular iniciativas legislativas orientadas a este objetivo, integrando a todos los sectores interesados.
Entrevista en Exclusiva
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida, Escritor y Educador.
Desarrollo de Entrevista
Pregunta 1. ¿Por qué un fondo específico para infraestructura social básica es prioritario para estos municipios?
Respuesta. Porque el problema no es solo de recursos, sino de diseño institucional. Un fondo con reglas claras permite planificar inversiones en agua, saneamiento y equipamiento comunitario con continuidad, evitando la dispersión y asegurando que cada proyecto tenga impacto sanitario y social medible.
Pregunta 2. ¿Qué sustento jurídico respalda este tipo de fondo?
Respuesta. La Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Consejos de Desarrollo establecen principios de equidad, legalidad del gasto y participación. Además, el Reglamento Interior del Congreso permite condicionar asignaciones a mecanismos de fiscalización y seguimiento, fortaleciendo la rendición de cuentas.
Pregunta 3. ¿Cómo se integra el control legislativo sin invadir la autonomía municipal?
Respuesta. El control no sustituye la gestión local; la acompaña. Se trata de establecer indicadores, informes periódicos y auditoría social. La autonomía se fortalece cuando hay reglas claras y transparencia, no cuando hay opacidad.
Pregunta 4. ¿Qué actores deben participar en la gobernanza del fondo?
Respuesta. Municipalidades, consejos de desarrollo, ministerios sectoriales, Contraloría, academia, sector productivo y organizaciones comunitarias. La infraestructura social funciona cuando responde a necesidades reales y se construye con corresponsabilidad.
Pregunta 5. ¿Qué datos justifican la urgencia en Esquipulas Palo Gordo, San Rafael Pie de la Cuesta, La Reforma y Pajapita?
Respuesta. Son municipios con alta vulnerabilidad social y brechas en servicios básicos. La evidencia muestra que la falta de agua segura y saneamiento incrementa enfermedades prevenibles y reduce productividad. Invertir ahí es una decisión de eficiencia pública.
Pregunta 6. ¿Cómo se vincula este fondo con iniciativas de ley ya presentadas?
Respuesta. Reformas al Instituto Nacional de Estadística permiten datos confiables para priorización; la ley de protección de datos ordena la información; las reformas al cuerpo de bomberos fortalecen la respuesta a emergencias; y las leyes de emergencia establecen controles reforzados. Todas contribuyen a un ecosistema de inversión responsable.
Pregunta 7. ¿Qué mecanismos de seguimiento propone desde el Congreso?
Respuesta. Informes trimestrales por municipio, comparecencias técnicas, publicación de contratos y evaluación de impacto. La fiscalización debe ser preventiva y correctiva, no solo sancionatoria.
Pregunta 8. ¿Qué beneficios genera para el sector productivo y la inversión?
Respuesta. Infraestructura básica reduce costos, mejora salud laboral y genera estabilidad. Donde hay agua y saneamiento confiables, hay condiciones para inversión sostenible y empleo local.
Pregunta 9. ¿Cómo evitar la politización del fondo?
Respuesta. Con criterios técnicos, transparencia y participación plural. Cuando las reglas son públicas y los datos abiertos, la discrecionalidad disminuye.
Pregunta 10. ¿Cuál es la proyección a mediano plazo para San Marcos?
Respuesta. Municipios con servicios básicos dignos, mayor confianza institucional y capacidad de atraer inversión responsable, sin sacrificar el control democrático del gasto.
Conclusión
El Fondo Municipal para Infraestructura Social Básica con Control Legislativo representa una herramienta estratégica para transformar la inversión pública en bienestar tangible. En municipios priorizados de San Marcos, su implementación permitiría superar esquemas asistenciales y consolidar una gobernanza basada en evidencia, fiscalización y corresponsabilidad social. La visión legislativa expuesta por Douglas Rivero Mérida demuestra que el marco jurídico existe y que la articulación intersectorial es viable. El desafío es político e institucional: convertir la ley y el control en motores de dignidad, salud y desarrollo territorial sostenible.
Referencias
- Banco Mundial. (2022). Guatemala poverty assessment.
- CEPAL. (2021). Desarrollo territorial y desigualdad en América Latina.
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Ley Orgánica del Presupuesto.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos departamentales.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.¿Por qué institucionalizar la auditoría social en municipios de San Marcos