En San Marcos, la brecha entre planificación y resultados públicos se refleja en indicadores persistentes: altos niveles de pobreza multidimensional, rezagos en servicios básicos y limitada capacidad institucional local. Municipios como Ixchiguán, Sibinal, Tajumulco y San Lorenzo concentran vulnerabilidades históricas donde la inversión pública, sin capacidades técnicas y control social, pierde efectividad. Estudios regionales muestran que cuando los Consejos Municipales y Comunitarios de Desarrollo carecen de formación, datos y reglas claras de incidencia, la priorización de proyectos se fragmenta y la confianza ciudadana se erosiona.
La profesionalización de COMUDES y COCODES emerge, así, como un punto de inflexión para transformar expectativas en resultados. En este contexto, el diálogo académico con el escritor y educador Douglas Rivero Mérida, diputado por San Marcos de la IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala, permite analizar cómo la jurisprudencia, las leyes orgánicas y los reglamentos pueden articular iniciativas legislativas que habiliten una gobernanza local más técnica, inclusiva y verificable para los territorios priorizados.
Entrevista en Exclusiva
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida, Escritor y Educador.
Desarrollo de Conversación académica
Pregunta 1. ¿Por qué el fortalecimiento técnico de COMUDES y COCODES es determinante para municipios como Ixchiguán, Sibinal, Tajumulco y San Lorenzo?
Respuesta. Porque allí convergen pobreza estructural, dispersión territorial y riesgos ambientales. Sin capacidades técnicas, la priorización se vuelve reactiva. Con formación, datos y reglas, los consejos pasan de gestionar demandas a conducir decisiones con impacto medible.
Pregunta 2. ¿Qué base jurídica sostiene esta profesionalización?
Respuesta. La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural establece participación y planificación; la Ley Orgánica del Presupuesto exige eficiencia y resultados; y el Reglamento del Congreso habilita seguimiento y control. La clave es operativizar estos mandatos con estándares técnicos y trazabilidad.
Pregunta 3. ¿Cómo se traduce esto en iniciativas legislativas concretas?
Respuesta. Mediante disposiciones que condicionen asignaciones a planes municipales validados por COMUDES capacitados; fondos concursables con criterios técnicos; y obligaciones de reporte con indicadores territoriales. Esto alinea recursos, capacidades y resultados.
Pregunta 4. ¿Qué rol cumplen los datos en la incidencia ciudadana?
Respuesta. Central. Las reformas al marco del Instituto Nacional de Estadística permiten desagregar información local. Con datos abiertos y oportunos, la ciudadanía incide con evidencia y el control social se fortalece.
Pregunta 5. ¿Cómo integrar a todos los sectores interesados?
Respuesta. Municipalidades, comunidades, academia, sector productivo y sociedad civil. La gobernanza mejora cuando el conocimiento técnico dialoga con la experiencia local y la inversión privada responsable encuentra reglas claras.
Pregunta 6. ¿Qué aprendizajes dejan las iniciativas presentadas en esta Legislatura?
Respuesta. Que fortalecer instituciones transversales multiplica impactos. Reformas laborales y de servicios esenciales, protección de datos y marcos de emergencia con controles refuerzan capacidades estatales que benefician la gestión local.
Pregunta 7. ¿Cómo evitar la captura política de los consejos?
Respuesta. Con reglas claras, formación certificada, rotación de roles, transparencia digital y auditoría social. La técnica reduce discrecionalidad y aumenta legitimidad.
Pregunta 8. ¿Qué cambios verán los municipios priorizados?
Respuesta. Proyectos mejor priorizados, continuidad en inversiones, reducción de duplicidades y mayor confianza. En educación, agua y resiliencia, el impacto es tangible cuando la decisión es informada.
Conclusión
El fortalecimiento técnico de COMUDES y COCODES no es un ajuste administrativo; es una reforma de gobernanza. Para Ixchiguán, Sibinal, Tajumulco y San Lorenzo, significa convertir la participación en capacidad decisoria y la planificación en resultados verificables. La articulación legislativa propuesta por Douglas Rivero Mérida demuestra que el marco jurídico existe y puede activarse con estándares técnicos, datos abiertos y control social. Cuando la incidencia ciudadana se profesionaliza, el desarrollo local deja de ser promesa y se convierte en política pública efectiva y sostenible.
Referencias
- CEPAL. (2021). Desarrollo territorial y desigualdad en América Latina.
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Ley Orgánica del Presupuesto.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos departamentales.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.