San Marcos enfrenta una paradoja persistente: incrementos graduales en asignaciones municipales conviven con percepciones ciudadanas de opacidad y resultados desiguales. Indicadores oficiales muestran brechas en servicios básicos, informalidad económica elevada y vulnerabilidad climática concentrada en municipios fronterizos y agroexportadores. En este contexto, la rendición de cuentas no es un complemento administrativo, sino un determinante de eficacia del gasto. Estudios comparados evidencian que territorios con mecanismos de vigilancia ciudadana institucionalizados mejoran la ejecución y reducen desvíos. La arquitectura normativa guatemalteca ofrece herramientas suficientes; el desafío es su articulación operativa con participación plural y métricas verificables.
Este artículo desarrolla el Programa Municipal de Auditoría Social y Rendición de Cuentas para Malacatán, Catarina, El Tumbador y Nuevo Progreso, mediante una conversación académica con el escritor y educador Douglas Rivero Mérida, diputado por San Marcos en la IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala, enfocada en jurisprudencia, leyes y reglamentos que habilitan su implementación integral.
Entrevista en Exclusiva
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida, Escritor y Educador.
Desarrollo de Entrevista
Pregunta 1. ¿Por qué institucionalizar la auditoría social en municipios de San Marcos?
Respuesta. Porque donde hay mayor brecha de servicios, la fiscalización ciudadana reduce discrecionalidad y mejora resultados. La Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto y la normativa de control externo establecen obligaciones de transparencia. Institucionalizar la auditoría social convierte esas obligaciones en prácticas regulares, con informes públicos y seguimiento.
Pregunta 2. ¿Qué fundamentos legales sostienen este programa?
Respuesta. El marco incluye la Ley Orgánica del Presupuesto, el régimen de control de la Contraloría General de Cuentas, el Reglamento Interior del Congreso y la Ley de Consejos de Desarrollo. Además, la legislación de acceso a la información y la protección de datos ordenan cómo publicar y resguardar información. No se requiere nueva ley para iniciar; sí reglamentación y voluntad.
Pregunta 3. ¿Cómo se articula el Congreso con los municipios prioritarios: Malacatán, Catarina, El Tumbador y Nuevo Progreso?
Respuesta. Mediante requerimientos de información con indicadores municipales, audiencias públicas descentralizadas y acompañamiento técnico. El Congreso puede promover lineamientos de auditoría social y exigir reportes comparables, fortaleciendo capacidades locales sin invadir autonomías.
Pregunta 4. ¿Qué indicadores deben priorizarse?
Respuesta. Ejecución financiera por programa, cronogramas físicos, costos unitarios, cobertura territorial y satisfacción ciudadana. En zonas fronterizas y agrícolas, es clave medir impacto en agua, saneamiento, infraestructura comunitaria y servicios de emergencia.
Pregunta 5. ¿Qué actores participan?
Respuesta. Municipalidades, COMUDES, COCODES, organizaciones sociales, sector productivo, academia y medios. La pluralidad reduce sesgos y eleva confianza. La auditoría social funciona cuando la información es comprensible y verificable.
Pregunta 6. ¿Cómo evitar politización del control?
Respuesta. Con reglas claras: calendarios fijos, metodologías estándar, datos abiertos y observadores independientes. La rotación de vocerías y la publicación íntegra de informes previenen capturas.
Pregunta 7. ¿Qué rol juegan las iniciativas de ley presentadas?
Respuesta. Varias fortalecen el ecosistema de control: reformas al Instituto Nacional de Estadística mejoran datos; la ley de protección de datos ordena el tratamiento; reformas a cuerpos de emergencia refuerzan servicios críticos; y las leyes de emergencia fijan controles reforzados en contextos excepcionales.
Pregunta 8. ¿Resultados esperados en los cuatro municipios?
Respuesta. Mayor eficiencia del gasto, reducción de duplicidades, obras concluidas a tiempo y legitimidad institucional. En Malacatán, impacto en infraestructura básica; en Catarina y El Tumbador, fortalecimiento de capacidades; en Nuevo Progreso, confianza y seguimiento continuo.
Conclusión
El Programa Municipal de Auditoría Social y Rendición de Cuentas propone pasar de la opacidad reactiva a la transparencia preventiva. Para San Marcos, institucionalizar estos mecanismos en Malacatán, Catarina, El Tumbador y Nuevo Progreso significa alinear legalidad, datos y participación para producir resultados medibles. La experiencia y visión de Douglas Rivero Mérida muestran que el andamiaje normativo existe; activarlo con coordinación intersectorial convierte el presupuesto en bienestar verificable y fortalece la democracia local.
Referencias
- Banco Mundial. (2022). Guatemala poverty assessment.
- CEPAL. (2021). Desarrollo territorial y desigualdad en América Latina.
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Ley Orgánica del Presupuesto.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos departamentales.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.