San Marcos concentra algunas de las brechas territoriales más persistentes de Guatemala. Indicadores oficiales evidencian que varios de sus municipios presentan niveles elevados de pobreza multidimensional, informalidad económica superior al promedio nacional y limitaciones severas en acceso a servicios básicos. A ello se suma una debilidad estructural en la producción y uso de datos locales confiables para la toma de decisiones públicas. Esta carencia distorsiona la planificación, debilita la fiscalización del gasto y reduce la capacidad ciudadana de exigir resultados.
Municipios como San Miguel Ixtahuacán, San José Ojetenam, Tejutla y Río Blanco reflejan esta problemática con particular intensidad. En estos territorios, la ausencia de sistemas locales de información convierte al presupuesto en una promesa abstracta, difícil de evaluar y aún más difícil de corregir cuando falla. En este contexto, los Observatorios Municipales de Desarrollo Territorial emergen como una herramienta estratégica para transformar datos dispersos en conocimiento público accionable.
El presente artículo, elaborado para Diario Nativo Digital, desarrolla una conversación académica con el escritor y educador Douglas Rivero Mérida, diputado por el departamento de San Marcos en la IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala, quien analiza los fundamentos jurídicos, legislativos y políticos que permiten articular esta iniciativa desde el ámbito municipal hacia el nacional.
Entrevista en Exclusiva
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida, Escritor y Educador.
Desarrollo de Conversación académica
Pregunta 1. ¿Por qué los observatorios municipales son una prioridad estratégica para San Marcos?
Respuesta. Porque el desarrollo sin datos es retórico. En municipios con rezagos históricos, la ausencia de información local confiable impide evaluar si el gasto público realmente mejora condiciones de vida. Los observatorios permiten medir, comparar y corregir. Son una herramienta de justicia territorial, porque visibilizan realidades que antes quedaban diluidas en promedios nacionales.
Pregunta 2. ¿Qué indicadores resultan críticos para estos municipios priorizados?
Respuesta. Ingresos familiares, nutrición infantil, acceso a agua segura, ejecución presupuestaria por proyecto, empleo local y riesgos climáticos. En San Miguel Ixtahuacán o Tejutla, por ejemplo, la combinación de informalidad económica y vulnerabilidad ambiental exige datos desagregados para intervenir con precisión.
Pregunta 3. ¿Existe base legal suficiente para crear estos observatorios?
Respuesta. Sí. La Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el marco constitucional de transparencia habilitan plenamente la generación y uso de información pública. Además, las reformas propuestas a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística fortalecen la descentralización de datos y su uso territorial.
Pregunta 4. ¿Cómo se articula el Congreso en este proceso?
Respuesta. El Congreso tiene un rol normativo y de fiscalización. Puede promover reformas que obliguen a reportes municipales estandarizados y respaldar presupuestariamente plataformas de datos abiertos. La fiscalización parlamentaria se vuelve más eficaz cuando descansa en evidencia producida desde los territorios.
Pregunta 5. ¿Qué actores deben integrar los observatorios?
Respuesta. Municipalidades, COMUDES, academia, sector productivo local, organizaciones sociales y ciudadanía. La pluralidad garantiza legitimidad. Cuando los datos se construyen colectivamente, disminuye la desconfianza y se fortalece el control social.
Pregunta 6. ¿Cómo evitar el uso político de la información?
Respuesta. Con reglas claras, metodologías públicas y auditorías externas. La futura Ley de Protección de Datos Personales establece límites éticos, mientras que la transparencia metodológica evita manipulación. El dato debe servir al interés público, no a la propaganda.
Pregunta 7. ¿Qué relación guardan estas iniciativas con otras leyes presentadas?
Respuesta. Las reformas al Instituto Nacional de Estadística son clave para estandarizar información. Las iniciativas sobre bomberos y emergencias fortalecen registros operativos esenciales. Incluso leyes de emergencia sanitaria enseñaron la importancia de datos oportunos para decisiones críticas.
Pregunta 8. ¿Cuál es el impacto esperado en municipios como Río Blanco o San José Ojetenam?
Respuesta. Mejores decisiones de inversión, reducción de duplicidades, mayor confianza ciudadana y atracción de cooperación e inversión responsable. Los observatorios convierten al municipio en un actor informado y confiable.
Pregunta 9. ¿Cómo se relaciona esto con la fiscalización del gasto?
Respuesta. El observatorio es la base técnica de la fiscalización. Permite evaluar resultados, no solo montos ejecutados. Así, el Congreso y la Contraloría pueden actuar con mayor precisión y oportunidad.
Pregunta 10. ¿Qué mensaje deja a los gobiernos locales?
Respuesta. Que gobernar con datos no es una carga, sino una oportunidad. La evidencia fortalece liderazgo, credibilidad y sostenibilidad de las políticas públicas.
Conclusión
Los Observatorios Municipales de Desarrollo Territorial representan un cambio de paradigma para San Marcos. Pasar de decisiones basadas en percepciones a políticas sustentadas en evidencia pública transforma la relación entre Estado y ciudadanía. La visión legislativa de Douglas Rivero Mérida muestra que el marco jurídico existente permite avanzar sin dilaciones. En municipios con rezagos estructurales, el dato se convierte en un acto de equidad: visibiliza, ordena y habilita decisiones más justas. La consolidación de estos observatorios no solo fortalece la fiscalización, sino que redefine la gobernanza local como un ejercicio informado, participativo y orientado a resultados verificables.
Referencias APA
CEPAL. (2021). Desarrollo territorial y desigualdad en América Latina.
Congreso de la República de Guatemala. (2023). Ley Orgánica del Presupuesto.
Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos municipales.
PNUD. (2022). Gobernanza local y uso de datos públicos.