En el departamento de San Marcos, los déficits de infraestructura social básica continúan siendo un factor estructural que limita el desarrollo humano y la cohesión territorial. Indicadores oficiales muestran brechas persistentes en acceso a agua segura y saneamiento, con impactos directos en salud pública, productividad y bienestar comunitario. En municipios como Esquipulas Palo Gordo, San Rafael Pie de la Cuesta, La Reforma y Pajapita, la inversión histórica ha sido fragmentada, con proyectos inconclusos o sin mantenimiento, lo que desarticula la confianza ciudadana y debilita la gobernanza local.
Este escenario exige un cambio de paradigma: pasar de la asignación presupuestaria dispersa a un Fondo Municipal para Infraestructura Social Básica con Control Legislativo, capaz de garantizar inversión sostenida, fiscalización efectiva y resultados verificables. La conversación académica con el escritor y educador Douglas Rivero Mérida, Diputado por el distrito de San Marcos en la IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala, permite explorar cómo la jurisprudencia, las leyes y los reglamentos vigentes pueden articular iniciativas legislativas orientadas a este objetivo, integrando a todos los sectores interesados.
Entrevista en Exclusiva
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida, Escritor y Educador.
Desarrollo de Entrevista
Los municipios de Tajumulco, Sibinal, Ixchiguán y Tacaná concentran condiciones críticas: alta pendiente geográfica, suelos frágiles, pobreza multidimensional y limitada infraestructura de prevención. Estos factores convierten la gestión de riesgos en una prioridad legislativa y municipal impostergable.
Diálogo académico con Douglas Rivero Mérida
Pregunta 1. ¿Por qué la gestión integral de riesgos debe abordarse desde el Congreso?
Respuesta. Porque el riesgo no es solo técnico, es jurídico y presupuestario. El Congreso define reglas, asigna recursos y fiscaliza su uso. Si no incorporamos criterios de prevención y resiliencia en la legislación, el Estado actúa siempre tarde y a mayor costo social.
Pregunta 2. ¿Qué bases legales permiten fortalecer esta agenda?
Respuesta. La Constitución, la Ley de Consejos de Desarrollo, la Ley Orgánica del Presupuesto y la normativa de protección civil ya establecen principios de prevención. El reto es armonizarlas y operativizarlas mediante reformas que obliguen a integrar análisis de riesgo en proyectos públicos.
Pregunta 3. ¿Cómo se vincula esto con la planificación municipal?
Respuesta. Los planes municipales deben incorporar mapas de riesgo y protocolos de adaptación. Desde el Congreso podemos condicionar asignaciones presupuestarias a la existencia de planificación territorial basada en evidencia climática.
Pregunta 4. ¿Qué papel juegan los datos estadísticos?
Respuesta. Son determinantes. Sin información confiable no hay prevención. Por eso las reformas al Instituto Nacional de Estadística son estratégicas: permiten datos desagregados por municipio, esenciales para anticipar impactos y evaluar políticas.
Pregunta 5. ¿Cómo se integran otros sectores?
Respuesta. La resiliencia es multisectorial. Involucra municipalidades, cuerpos de socorro, sector productivo, academia y comunidades. Las reformas a la Ley de Bomberos, por ejemplo, fortalecen la respuesta local y la gestión del riesgo ocupacional.
Pregunta 6. ¿Qué enseñanzas dejó la pandemia para esta agenda?
Respuesta. Que las emergencias requieren marcos legales claros y controles reforzados. La legislación de emergencia mostró la necesidad de reglas excepcionales con transparencia, algo aplicable también a desastres climáticos.
Pregunta 7. ¿Cómo evitar que la prevención quede solo en el discurso?
Respuesta. Mediante fiscalización. Informes periódicos, indicadores de reducción de vulnerabilidad y auditoría social. La resiliencia debe medirse en pérdidas evitadas y capacidades instaladas.
Pregunta 8. ¿Qué impacto espera para San Marcos?
Respuesta. Menor pérdida de vidas, continuidad productiva y fortalecimiento comunitario. Municipios preparados reducen dependencia y aumentan autonomía territorial.
Conclusión
La gestión integral de riesgos y la resiliencia climática constituyen hoy un eje estructural de gobernanza territorial en San Marcos. El análisis legislativo evidencia que el marco jurídico existe, pero requiere articulación normativa, asignación presupuestaria coherente y fiscalización efectiva. La visión expuesta por Douglas Rivero Mérida plantea un tránsito desde la reacción hacia la prevención, integrando municipios prioritarios, datos confiables y actores multisectoriales. Este enfoque no solo reduce vulnerabilidad, sino que fortalece la legitimidad institucional y la sostenibilidad del desarrollo local.
Referencias
- CEPAL. (2022). Cambio climático y desarrollo territorial en Centroamérica.
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Ley Orgánica del Presupuesto.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores ambientales y sociales departamentales.
- PNUD. (2021). Gestión del riesgo y resiliencia comunitaria.
- Banco Mundial. (2020). Building resilience to climate risks.