En el departamento de San Marcos, más del 70 % de la población económicamente activa se inserta en esquemas informales, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística. En municipios fronterizos y de alta movilidad comercial como Malacatán, Ayutla (Tecún Umán), Ocós y El Quetzal, la informalidad supera el promedio departamental, impulsada por economías transfronterizas, baja bancarización, escaso acceso a seguridad social y marcos regulatorios percibidos como distantes. Este escenario erosiona la base tributaria municipal, limita la protección laboral y reduce la capacidad del Estado para invertir en servicios esenciales.
La evidencia comparada demuestra que la formalización no avanza mediante coerción, sino a través de incentivos, simplificación normativa y confianza institucional. Desarticular el paradigma que equipara formalización con carga fiscal es clave para transitar hacia una economía local competitiva. En este contexto, la estrategia municipal de formalización económica local exige articulación legislativa, coordinación interinstitucional y participación de actores productivos, financieros, educativos y comunitarios.
Entrevista en Exclusiva
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida, Escritor y Educador.
Desarrollo de Entrevista
Pregunta 1. ¿Por qué la formalización económica es prioritaria para municipios como Malacatán, Ayutla, Ocós y El Quetzal?
Respuesta. Porque concentran flujos comerciales intensos y empleo informal de alto riesgo. La informalidad no es solo ausencia de registro; implica falta de derechos laborales, baja productividad y vulnerabilidad ante choques. Formalizar amplía la base tributaria sin asfixiar al pequeño productor y permite invertir en infraestructura, seguridad y servicios que sostienen el comercio local.
Pregunta 2. ¿Qué marcos legales permiten impulsar esta estrategia desde el Congreso?
Respuesta. La Constitución reconoce la libertad de industria y comercio, y la Ley Orgánica del Presupuesto habilita incentivos y reasignaciones focalizadas. Además, el Código Municipal faculta a los gobiernos locales a crear tasas y simplificar trámites. Desde el Congreso, se pueden armonizar estas normas con incentivos a la formalización, ventanillas únicas y regímenes simplificados para micro y pequeñas unidades productivas.
Pregunta 3. ¿Cómo se conecta la formalización con empleo digno y protección social?
Respuesta. La formalización es la puerta de entrada a la seguridad social, capacitación y financiamiento. Iniciativas como la reforma al Instituto de Recreación de los Trabajadores fortalecen beneficios laborales y mejoran la percepción del empleo formal. Cuando el trabajador ve retornos tangibles, la transición se vuelve viable.
Pregunta 4. ¿Qué rol juegan los datos y la estadística en esta agenda?
Respuesta. Son esenciales. Las reformas al Instituto Nacional de Estadística buscan mejorar desagregación territorial y sectorial. Sin datos precisos sobre unidades productivas, empleo y cadenas de valor, las políticas fallan. La formalización debe apoyarse en evidencia para diseñar incentivos adecuados por municipio y sector.
Pregunta 5. Municipios fronterizos enfrentan dinámicas particulares. ¿Cómo abordarlas?
Respuesta. Con regulación inteligente y cooperación interinstitucional. Ayutla y Ocós requieren esquemas aduaneros ágiles, bancarización accesible y coordinación con autoridades laborales y municipales. La formalización debe reconocer la economía transfronteriza y convertirla en ventaja competitiva, no en obstáculo.
Pregunta 6. ¿Qué instrumentos legislativos concretos se proponen?
Respuesta. Regímenes simplificados de registro y tributación municipal, incentivos temporales a la formalización, acceso preferente a compras públicas locales y programas de capacitación. Además, marcos de protección de datos personales generan confianza para digitalizar trámites y reducir costos.
Pregunta 7. ¿Cómo participan los actores productivos y sociales?
Respuesta. La estrategia es multisectorial: cámaras empresariales, cooperativas, asociaciones de comerciantes, banca local, universidades y municipalidades. El Congreso facilita el marco; la implementación ocurre en territorio con participación y control social.
Pregunta 8. ¿Qué riesgos existen y cómo mitigarlos?
Respuesta. La captura regulatoria y la sobrecarga administrativa. Se mitigan con transparencia, evaluación periódica y simplificación continua. La formalización debe ser progresiva y acompañada.
Pregunta 9. ¿Impacto esperado a corto y mediano plazo?
Respuesta. A corto plazo, aumento de registros y bancarización; a mediano, mayor recaudación municipal, inversión en servicios y productividad. En El Quetzal y Malacatán, esto fortalece cadenas agrocomerciales; en Ayutla y Ocós, logística y comercio.
Pregunta 10. ¿Cómo se integra la fiscalización del gasto?
Respuesta. Con indicadores de desempeño y rendición de cuentas. Los recursos derivados de la formalización deben mostrar retornos visibles, reforzando la confianza ciudadana.
Conclusión
La formalización económica local es una política de desarrollo con efectos multiplicadores. En San Marcos, y particularmente en Malacatán, Ayutla (Tecún Umán), Ocós y El Quetzal, requiere un equilibrio entre incentivos, simplificación normativa y protección social. La visión legislativa expuesta articula jurisprudencia, leyes y reglamentos para convertir la formalización en una oportunidad compartida. Cuando el Congreso habilita marcos claros y los municipios ejecutan con datos y participación, la economía local transita hacia empleo digno, inversión sostenible y cohesión social.
Referencias
- Banco Mundial. (2022). Guatemala poverty assessment.
- CEPAL. (2021). Políticas de formalización y productividad en América Latina.
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Ley Orgánica del Presupuesto.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Empleo e informalidad por territorio.