En Guatemala, menos de la mitad de los programas públicos subnacionales cuenta con mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados, mientras que las brechas territoriales persisten con patrones de repetición interanual. En San Marcos, indicadores oficiales muestran rezagos en acceso a servicios básicos, informalidad laboral elevada y alta exposición a riesgos climáticos; sin embargo, el presupuesto ejecutado no siempre se traduce en mejoras verificables. Esta disonancia entre gasto y resultados desarticula los esquemas de percepción tradicionales que equiparan ejecución con impacto. La evidencia comparada indica que, sin evaluación, el gasto público tiende a capturarse por inercias administrativas y prioridades coyunturales, debilitando la confianza ciudadana y la competitividad territorial.
Bajo este marco, el Sistema Municipal de Evaluación de Impacto del Gasto Público emerge como una respuesta institucional para medir eficacia real, corregir desvíos y reorientar decisiones. La conversación académica con el escritor y educador Douglas Rivero Mérida, Diputado por San Marcos en la IX Legislatura del Congreso de la República de Guatemala, examina cómo la jurisprudencia, las leyes y los reglamentos vigentes permiten articular iniciativas legislativas que hagan operativa esta evaluación en municipios prioritarios: San Marcos (cabecera), San Pedro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez y San Pablo.
Entrevista en Exclusiva
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida, Escritor y Educador.
Desarrollo de Entrevista
Pregunta 1. ¿Por qué evaluar impacto y no solo ejecución del gasto municipal?
Respuesta. Ejecutar no equivale a transformar. La evaluación de impacto mide cambios atribuibles a la intervención pública. Jurídicamente, la Ley Orgánica del Presupuesto y el principio de legalidad del gasto exigen eficiencia y eficacia. Políticamente, evaluar es proteger el interés público y optimizar cada quetzal invertido.
Pregunta 2. ¿Qué base normativa habilita este sistema?
Respuesta. Existen pilares claros: la Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto, el Reglamento Interior del Congreso y las atribuciones de la Contraloría General de Cuentas. Además, la Ley de Consejos de Desarrollo permite alinear evaluación con planificación local, fortaleciendo la trazabilidad del gasto.
Pregunta 3. ¿Cómo se integra la jurisprudencia al diseño del sistema?
Respuesta. La jurisprudencia constitucional ha reiterado la obligación estatal de garantizar derechos sociales con uso racional de recursos. Incorporar criterios de razonabilidad, proporcionalidad y evidencia evita arbitrariedades y fortalece la defensa jurídica de las decisiones presupuestarias.
Pregunta 4. ¿Qué indicadores deben priorizarse en los municipios señalados?
Respuesta. Indicadores de resultado y efecto: acceso efectivo a agua y saneamiento, continuidad educativa, atención primaria en salud, reducción de tiempos y costos administrativos, y resiliencia ante riesgos. En San Marcos cabecera y San Pedro Sacatepéquez, la escala urbana exige métricas de eficiencia; en San Antonio Sacatepéquez y San Pablo, métricas de cobertura y calidad.
Pregunta 5. ¿Cómo se corrigen desvíos presupuestarios detectados?
Respuesta. Con cláusulas de ajuste: reprogramación, suspensión de partidas ineficaces y reasignación informada. El Congreso puede requerir informes trimestrales y comparecencias técnicas; a nivel municipal, los COMUDES validan correcciones con participación social.
Pregunta 6. ¿Qué rol cumple el Instituto Nacional de Estadística?
Respuesta. Es clave para estandarizar metodologías y desagregar datos territoriales. Las reformas propuestas fortalecen su gobernanza técnica, permitiendo evaluaciones comparables y oportunas para decisiones legislativas y municipales.
Pregunta 7. ¿Cómo se protege la información y la transparencia?
Respuesta. Con reglas claras de datos abiertos y protección de datos personales. Transparencia no es exposición indiscriminada; es acceso útil y seguro para evaluar desempeño sin vulnerar derechos.
Pregunta 8. ¿Qué actores participan en el sistema?
Respuesta. Municipalidades, COMUDES, academia, sector productivo, organizaciones sociales y órganos de control. La evaluación gana legitimidad cuando es multisectorial y metodológicamente robusta.
Pregunta 9. ¿Cómo se evita la captura política de la evaluación?
Respuesta. Separando evaluación técnica de decisión política, con protocolos, auditorías independientes y publicación de resultados. La evidencia debe guiar, no justificar.
Pregunta 10. ¿Impacto esperado en los municipios priorizados?
Respuesta. Mejora sostenida de resultados, reducción de duplicidades, continuidad de proyectos efectivos y atracción de inversión responsable por mayor certidumbre institucional.
Conclusión
Implementar un Sistema Municipal de Evaluación de Impacto del Gasto Público redefine la gobernanza local en San Marcos. Pasa de medir cuánto se gasta a demostrar qué cambia en la vida de las personas. La articulación legislativa propuesta —anclada en leyes, reglamentos y jurisprudencia— permite corregir desvíos con evidencia, fortalecer la confianza y construir territorios competitivos. La agenda impulsada por Douglas Rivero Mérida muestra que evaluar no frena la gestión: la perfecciona.
Referencias
- Banco Mundial. (2022). Guatemala poverty assessment.
- CEPAL. (2021). Desarrollo territorial y desigualdad en América Latina.
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Ley Orgánica del Presupuesto.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos departamentales.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.