San Marcos concentra algunos de los mayores desafíos territoriales del país. Indicadores oficiales muestran persistencia de pobreza multidimensional en municipios rurales, informalidad laboral elevada y brechas de acceso a servicios esenciales. La fragmentación entre planificación municipal y decisión legislativa ha debilitado la eficacia del gasto público, generando duplicidades y baja trazabilidad de resultados. Estudios regionales evidencian que, cuando no existe coordinación normativa entre municipios y representación legislativa, la ejecución presupuestaria pierde coherencia y se diluye el impacto social.
En este contexto, la Mesa Intermunicipal de Articulación Legislativa y Territorial emerge como un dispositivo institucional para alinear prioridades locales con el trabajo del Congreso de la República de Guatemala, fortaleciendo seguimiento normativo y control del gasto. La conversación académica con el escritor y educador Douglas Rivero Mérida, diputado por el distrito de San Marcos en la IX Legislatura, permite examinar cómo la jurisprudencia aplicable, las leyes orgánicas y los reglamentos internos habilitan esta coordinación con participación de todos los sectores.
Entrevista en Exclusiva
Estado, territorio y decisión legislativa para el desarrollo integral de San Marcos
Douglas Rivero Mérida, Escritor y Educador.
Desarrollo de Entrevista
Pregunta 1. ¿Por qué una mesa intermunicipal es necesaria para San Marcos?
Respuesta. Porque los problemas son compartidos y las soluciones fragmentadas no escalan. Municipios como Comitancillo, Sipacapa, San Miguel Ixtahuacán y Concepción Tutuapa comparten rezagos estructurales. Una mesa intermunicipal crea masa crítica para priorizar iniciativas, armonizar ordenanzas y dialogar con el Congreso con evidencia común.
Pregunta 2. ¿Qué sustento jurídico permite esta articulación?
Respuesta. La Constitución reconoce la autonomía municipal y la función de fiscalización del Congreso. La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural establece la planificación participativa; la Ley Orgánica del Presupuesto exige coherencia entre planificación y gasto; y el Reglamento Interior del Congreso habilita audiencias, informes y seguimiento. La mesa opera dentro de ese marco, sin crear burocracia adicional.
Pregunta 3. ¿Cómo se integra el seguimiento normativo?
Respuesta. Mediante agendas legislativas territoriales: cada municipio define prioridades normativas; la mesa consolida; el diputado distrital canaliza iniciativas, citaciones y requerimientos de información. Se establecen indicadores de avance y comparecencias periódicas de entidades ejecutoras.
Pregunta 4. ¿Qué datos justifican la urgencia?
Respuesta. La evidencia muestra brechas persistentes en acceso a agua segura, educación media y conectividad; además, alta exposición a riesgos climáticos en zonas altas. La falta de coordinación eleva costos y reduce impacto. Con datos desagregados, el Congreso puede corregir asignaciones y exigir resultados.
Pregunta 5. ¿Qué actores participan y cómo se evita la captura política?
Respuesta. Municipalidades, COMUDES, academia, sector productivo, organizaciones sociales y ciudadanía. La captura se evita con reglas claras: criterios técnicos, datos abiertos, rotación de vocerías y actas públicas. La pluralidad es garantía de equilibrio.
Pregunta 6. ¿Cómo dialoga esta mesa con iniciativas de ley en curso?
Respuesta. Varias iniciativas fortalecen el ecosistema de control y datos. Las reformas al Instituto Nacional de Estadística mejoran información para seguimiento; la ley de protección de datos ordena su uso; reformas a cuerpos de respuesta fortalecen servicios críticos; y marcos de emergencia exigen controles reforzados. La mesa traduce estas leyes en implementación territorial.
Pregunta 7. ¿Qué rol juega el diputado distrital?
Respuesta. Articulador y garante de trazabilidad. Presenta iniciativas, convoca audiencias, solicita informes y rinde cuentas al territorio. El liderazgo se mide por resultados verificables, no por anuncios.
Pregunta 8. ¿Qué beneficios concretos esperan los municipios priorizados?
Respuesta. Proyectos con continuidad, reducción de duplicidades, mayor eficiencia del gasto y acceso oportuno a programas. En educación y productividad local, esto se traduce en capacidades sostenidas y arraigo territorial.
Pregunta 9. ¿Qué mecanismos de evaluación propone?
Respuesta. Informes trimestrales con indicadores territoriales, evaluaciones independientes cuando el impacto social sea alto y plataformas de transparencia. El seguimiento es parte del diseño, no un agregado posterior.
Pregunta 10. ¿Cuál es la proyección a mediano plazo?
Respuesta. Institucionalizar la mesa como práctica replicable. Cuando la coordinación es norma, la política pública gana coherencia y legitimidad.
Conclusión
La Mesa Intermunicipal de Articulación Legislativa y Territorial ofrece una solución concreta a la desconexión histórica entre territorio y decisión normativa. En San Marcos, su implementación en municipios prioritarios permitiría convertir datos en decisiones, presupuesto en resultados y representación en corresponsabilidad. La experiencia y propuestas de Douglas Rivero Mérida evidencian que el marco legal existe; el desafío es activarlo con reglas claras, participación plural y evaluación permanente. Así, la coordinación legislativa deja de ser coyuntural y se convierte en infraestructura democrática para el desarrollo territorial.
Referencias
- CEPAL. (2021). Desarrollo territorial y desigualdad en América Latina.
- Congreso de la República de Guatemala. (2023). Ley Orgánica del Presupuesto.
- Instituto Nacional de Estadística. (2022). Indicadores socioeconómicos departamentales.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
- Contraloría General de Cuentas. (2022). Informe de auditoría social.